Moody’s Ratings ajustó la perspectiva de la calificación crediticia de México a «negativa», desde «estable», aunque mantuvo la nota en «Baa2». Esta decisión responde a la percepción de un debilitamiento en la formulación de políticas y a un entorno institucional que podría poner en riesgo los resultados fiscales y económicos del país.
La agencia explicó que el deterioro en la capacidad de pago de la deuda, junto con una mayor rigidez en el gasto público, dificulta la consolidación fiscal. Esto se debe, en parte, al aumento del déficit público observado este año, que superó el 5.0% del PIB.
En este contexto, Moody’s señaló que, aunque el gobierno ha expresado su compromiso de reducir el déficit fiscal en los próximos años, dicho objetivo se ve limitado por una serie de reformas implementadas o anunciadas por la administración actual. Un punto crítico de esta evaluación fue la reciente reforma aprobada en el Poder Judicial, que, según la agencia, podría alterar significativamente los controles y equilibrios institucionales, así como el entorno operativo empresarial en México.
La agencia recordó que su calificación sobre la calidad de las instituciones mexicanas ya es baja en comparación con otros países con calificaciones similares. Por ello, alertó que un mayor deterioro del marco normativo y de la independencia del sistema judicial podría afectar la capacidad del gobierno para enfrentar los crecientes desafíos crediticios.
Moody’s advirtió que, más allá de un posible debilitamiento en las métricas de deuda para los años 2024-2025, la fortaleza fiscal de México podría disminuir más de lo anticipado, lo que tendría un impacto negativo en el perfil crediticio del país. En su escenario base, la agencia prevé que el gobierno solo reducirá gradualmente el déficit en los próximos años.
En cuanto a la deuda pública, Moody’s estimó que la carga de la deuda de las administraciones públicas de México podría superar el 45% del PIB para 2025, frente al 40% de 2023, y podría seguir aumentando hacia el 50% en 2027-2028, a menos que se logre una consolidación fiscal más sustancial.
La agencia también consideró que hay una mayor probabilidad de que los pasivos contingentes derivados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se materialicen en el balance fiscal del gobierno.
No obstante, Moody’s subrayó que la afirmación de la calificación refleja su opinión de que el perfil crediticio de México sigue siendo robusto, apoyado por la solidez de su economía, la diversidad de su producción y los posibles beneficios de la relocalización de empresas. Además, los desequilibrios macroeconómicos de México siguen siendo modestos, gracias a un historial de políticas fiscales y monetarias relativamente prudentes.
Por otro lado, la agencia identificó un riesgo adicional en la posible revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026. En particular, Moody’s destacó que si se modifican aspectos como la regla de origen, las especificaciones laborales y otras políticas comerciales de Estados Unidos hacia México de manera que afecten negativamente las exportaciones mexicanas, esto podría generar efectos adversos para la economía del país.
