Un reciente informe de la organización Impunidad Cero alerta sobre la insuficiencia del gasto en seguridad y justicia en México, destacando que el país destina apenas 5 pesos diarios por habitante a estas áreas, una de las más urgentes en términos de combate a la impunidad y violencia.
El análisis titulado «Presupuesto en combate a la impunidad 2024: ¿Cuánto gasta México en seguridad y justicia?» compara el gasto mexicano con el de otras naciones. Mientras que los países de la OCDE asignan en promedio el 1.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a estas funciones y los de la CEPAL el 2.2%, México dedica un 2%.
En cuanto a la distribución del presupuesto, el informe indica que, en 2021, el 49% del gasto público en seguridad y justicia fue administrado por los estados, el 32% por el gobierno federal y el 19% por municipios y alcaldías.
Reducción del gasto y aumento de la violencia
La ONG advirtió que, a nivel federal, el gasto destinado al combate a la impunidad fue del 0.64% del PIB en 2022, distribuido principalmente en justicia (75%), orden público (22%) y seguridad nacional (3%). Además, subrayó que este presupuesto ha disminuido un 22% en los últimos cinco años, afectado por la inflación y la crisis derivada del Covid-19.
En 2021, los estados destinaron 234,000 millones de pesos al combate a la impunidad, un aumento del 19% respecto a 2019. Sin embargo, el impacto de este gasto no ha sido homogéneo. Mientras que en algunos estados con mayores presupuestos se han reducido las tasas de homicidios, otros, como Zacatecas, han experimentado un incremento en la violencia a pesar del aumento en recursos.
Gasto municipal insuficiente
El informe también señaló que, aunque no existe un registro consolidado del gasto municipal en seguridad, se estima que este alcanza los 88,000 millones de pesos, equivalente al 0.4% del PIB nacional. La ONG cuestiona si el actual esquema de federalismo fiscal es el más eficiente para el combate a la impunidad, destacando que los municipios han tenido que recurrir a sus propios fondos para cubrir necesidades de seguridad, pese a los recursos transferidos desde los estados y la federación.
