El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, afirmó que inversionistas canadienses le han transmitido sus inquietudes respecto a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno mexicano, que busca elegir por voto popular a jueces y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su intervención en el foro de negocios México-Canadá CanCham Day 2024, Clark señaló que esta propuesta ha generado preocupaciones significativas entre los inversionistas canadienses.
«He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación», comentó Clark. El embajador destacó que esta reforma judicial podría afectar el «vínculo de confianza» entre los inversionistas y el gobierno de México. «Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana», añadió.
Clark subrayó que su intención es únicamente transmitir las inquietudes del sector privado canadiense sin interferir en los asuntos internos de México. «Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito», aclaró. Además, mencionó que la embajada canadiense ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de esta reforma judicial, dada su posible repercusión sobre los intereses canadienses en el país.
En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también manifestó preocupaciones similares, advirtiendo que la reforma judicial podría poner en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones. Salazar señaló que «la elección directa y política de jueces» podría debilitar los esfuerzos para fortalecer la integración económica de América del Norte.
Estas declaraciones se producen en un contexto en el que diversas calificadoras, como Fitch, y entidades financieras como Citibanamex y Morgan Stanley, han alertado sobre los riesgos de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente la del Poder Judicial. La revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está prevista para 2026, un año después de la posible primera elección de jueces en México, programada para 2025.
