Xóchitl Gálvez solicitó a los magistrados encargados de evaluar la validez de la elección presidencial que no aprueben el proyecto hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Regional Especializada resuelvan más de 400 denuncias pendientes. Gálvez argumenta que estas denuncias son cruciales para acreditar la inequidad en la contienda y la violencia política de género que, asegura, sufrió desde el gobierno federal.
Gálvez expone en su demanda que hay 463 procedimientos pendientes sobre la elección presidencial, incluyendo 336 en contra de Claudia Sheinbaum, 69 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y 58 contra Morena.
Tras la primera reunión con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, Gálvez detalló que les expresó sus preocupaciones, especialmente sobre el calendario que prevé tener el proyecto listo este mes, sin resolver aún decenas de juicios pendientes.
«Hay un sinnúmero de quejas sin resolver, como las relacionadas con violencia y gastos de campaña presentadas por nosotros. Nos preocupaba que se pudiera tener un proyecto para el día 20 sin resolver todas las quejas del INE», comentó Gálvez. También destacó la importancia de acreditar la inequidad generada por el Presidente y la violencia política de género en su contra.
Gálvez destacó que el INE aprobó toda su documentación durante su registro como candidata, sin pedirle constancias específicas. «Cuando me registré, el INE nunca me pidió esa constancia. Me dieron un documento bajo protesta de decir verdad, que yo no debía ni un peso. Ningún juez me ha dicho ‘eres un deudor’.»
La ex candidata también expuso ejemplos de presunta inequidad, como la intervención del presidente municipal de Huatulco y los eventos de campaña de Claudia Sheinbaum, subrayando la importancia de resolver todas las quejas antes de validar la elección presidencial.
Finalmente, Gálvez lamentó que el Tribunal Electoral incumpliera su acuerdo de máxima transparencia y cambiara el proceso. Ahora, las audiencias públicas prometidas se limitarán a una sola, programada después de que el proyecto esté listo, posiblemente en agosto.
«Creo que ellos se pusieron la vara muy alta al decir que máxima transparencia y máxima publicidad. Tampoco hay un procedimiento en la ley y es una sugerencia que haría al legislativo, que se legisle cómo se califica una elección presidencial. Yo quiero pensar que las cosas no salieron como originalmente habían pensado y se les fue complicando.»
Gálvez mencionó que los magistrados le aseguraron que el caso no se cerrará el 20 de julio y que el proyecto seguirá abierto para análisis y estudio, con una audiencia pública para sus alegatos. Además, buscará una reunión con el INE para pedir que avancen en las quejas pendientes de resolver.
