Un juez de control de Chihuahua autorizó el cambio de medida cautelar para Daniel Goray Yosioka, empleado del Instituto Nacional de Migración (INM), permitiendo que lleve su proceso en libertad tras el pago de una garantía de un millón y medio de pesos. Goray Yosioka es uno de los servidores públicos federales detenidos tras el incendio en el centro de migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, que resultó en la muerte de 39 migrantes y lesiones a otros más.
En una audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal de Chihuahua, el juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva en cumplimiento con una protección de la justicia federal otorgada por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Claudia López López.
La jueza López López había determinado que los efectos del amparo eran para que el juez de control del Centro de Justicia Federal dejara sin efectos la decisión de negar el cambio de medida cautelar emitida en la audiencia del 29 de febrero de 2023. Asimismo, ordenó emitir una nueva decisión que admitiera la solicitud de cambio y convocara a una audiencia para debatir sobre la imposición de diversas medidas cautelares.
Daniel Goray Yosioka fue detenido junto con Collazo de la Torre y un guardia de la empresa de seguridad privada Camsa el 30 de marzo de 2023. Los tres fueron señalados como presuntos responsables de retener a los migrantes dentro de la estancia provisional migratoria la noche del 27 de marzo de 2023, cuando se produjo el incendio que dejó 40 muertos y 27 heridos.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Goray Yosioka y a Collazo de la Torre de homicidio y lesiones dolosas, tanto por comisión como por omisión. Además, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, también fueron acusados por la FGR del delito de ejercicio indebido del servicio público, aunque ambos continuarán siendo investigados por las autoridades.
El juez destacó la necesidad de prescindir de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y proceder a la discusión de otras medidas cautelares que se consideren adecuadas y razonables, garantizando así el cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio.
