De los 240 juicios de inconformidad presentados, en su mayor\u00eda por el PRD y Movimiento Ciudadano, 78 fueron desechados por improcedentes, lo que significa que ni siquiera se analizaron los argumentos presentados. Estas impugnaciones fueron rechazadas principalmente porque se presentaron fuera de los plazos legales o carec\u00edan de requisitos m\u00ednimos, como la firma aut\u00f3grafa.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a los juicios que s\u00ed se estudiaron a fondo, en ninguno se logr\u00f3 probar las acusaciones de inequidad en la contienda, intervenci\u00f3n del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, violencia o presi\u00f3n del crimen organizado. Tampoco se acreditaron irregularidades como el voto de personas sin credencial electoral, fuera de horario, o la participaci\u00f3n de personas no autorizadas por el INE como funcionarias de casilla. Adem\u00e1s, no se encontraron pruebas de dolo en los c\u00f3mputos distritales ni en las actas de escrutinio y c\u00f3mputo.<\/p>\n\n\n\n
El debate se centr\u00f3 en una \u00fanica causal de nulidad que los magistrados Reyes Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n y Janine Ot\u00e1lora consideraban acreditable: que en 66 casillas la votaci\u00f3n fue recibida por personas que no eran las originalmente propuestas como funcionarias.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la mayor\u00eda de los magistrados, incluyendo a M\u00f3nica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, concluy\u00f3 que el PRD no cumpli\u00f3 con la carga probatoria m\u00ednima al no identificar claramente a las personas que supuestamente recibieron la votaci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n. Por su parte, los magistrados Janine Ot\u00e1lora y Reyes Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n sosten\u00edan que la Sala Superior deber\u00eda investigar a cada funcionario para determinar si estaban autorizados o no.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada Claudia Valle, quien particip\u00f3 por primera vez con voz y voto, se aline\u00f3 con la postura mayoritaria, se\u00f1alando que el Tribunal no pod\u00eda asumir la responsabilidad que corresponde a los partidos, y que el PRD, teniendo la lista de los funcionarios, deb\u00eda haber especificado los nombres de las personas acusadas en cada demanda. El magistrado Felipe Fuentes subray\u00f3 que el PRD no proporcion\u00f3 datos suficientes para identificar a las personas involucradas, lo que hace necesario ser estrictos en la consideraci\u00f3n de la nulidad de una votaci\u00f3n, ya que esto implica ignorar la voluntad de un n\u00famero significativo de personas.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado Felipe de la Mata record\u00f3 que siempre se ha seguido el mismo criterio en estos casos, calificando los agravios como \u00abinoperantes\u00bb. Seg\u00fan \u00e9l, el PRD ten\u00eda todos los elementos para especificar las irregularidades en las casillas, pero no lo hizo, lo que trasladar\u00eda la carga probatoria al Tribunal y transformar\u00eda los juicios de inconformidad en una suerte de \u00abjuego de azar\u00bb para ver qu\u00e9 encuentra el Tribunal, contraviniendo la naturaleza de estas impugnaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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