La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) ha tomado la decisi\u00f3n de invalidar el acuerdo que declaraba las obras del Gobierno de L\u00f3pez Obrador como asuntos de seguridad nacional. Con una votaci\u00f3n de ocho a favor y tres en contra, el alto tribunal ha considerado que dicho decreto violaba el derecho de acceso a la informaci\u00f3n al blindar la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n relacionada con proyectos clave de la Administraci\u00f3n actual, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe \u00c1ngeles y la refiner\u00eda de Dos Bocas. Esta determinaci\u00f3n respalda la impugnaci\u00f3n realizada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que intensifica el conflicto entre el presidente y el instituto en los \u00faltimos meses.<\/p>\n\n\n\n
La votaci\u00f3n realizada el d\u00eda de hoy representa un nuevo golpe para el Gobierno de L\u00f3pez Obrador. El m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds ha dejado sin efecto el acuerdo aprobado en noviembre de 2021, el cual declaraba de inter\u00e9s p\u00fablico y seguridad nacional las infraestructuras prioritarias a cargo del Ejecutivo, ya sean de car\u00e1cter tur\u00edstico, medioambiental, fronterizo, ferroviario, energ\u00e9tico o aeroportuario. El proyecto presentado ante la SCJN, liderado por el ministro Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1, argumentaba que este acuerdo era inconstitucional debido a que su amplitud y ambig\u00fcedad obstaculizaban e inhib\u00edan el acceso a la informaci\u00f3n por parte de la ciudadan\u00eda en relaci\u00f3n a las obras del Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
Ocho de los 11 miembros del pleno estuvieron de acuerdo con los argumentos de Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara. El ministro Jorge Pardo Rebolledo vot\u00f3 a favor debido a que consideraba que el decreto no especificaba la duraci\u00f3n de esta protecci\u00f3n para las obras del presidente, mientras que el ministro Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n argument\u00f3 que el acuerdo afectaba las competencias del INAI.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, los ministros Zald\u00edvar, Esquivel y Ortiz han intentado defender que el decreto no vulneraba la funci\u00f3n del instituto y que no implicaba la reserva total de informaci\u00f3n sobre los grandes proyectos. Sin embargo, Zald\u00edvar enfatiz\u00f3 que la Corte no pod\u00eda invalidar un acto bas\u00e1ndose en escenarios hipot\u00e9ticos y presumiendo mala fe, incompetencia o malicia por parte de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Estas posturas llevaron a una discusi\u00f3n con el ministro Javier Laynez, quien incluso calific\u00f3 la posici\u00f3n de sus colegas como ingenua. Laynez se\u00f1al\u00f3 que las consecuencias inmediatas de esta declaraci\u00f3n eran la reserva de informaci\u00f3n y la autorizaci\u00f3n para la adjudicaci\u00f3n directa.<\/p>\n\n\n\n
Esta decisi\u00f3n crea un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno de L\u00f3pez Obrador y el poder judicial. Desde enero, la situaci\u00f3n ha escalado de manera explosiva, con el presidente anunciando que ha dado instrucciones de no contestar llamadas provenientes de la Suprema Corte. Adem\u00e1s, ha intensificado sus ataques hacia jueces, magistrados y ministros. Durante cuatro a\u00f1os, Zald\u00edvar hab\u00eda actuado como mediador entre el presidente y el poder judicial, pero el nombramiento de la ministra Norma Pi\u00f1a en enero ha alterado la situaci\u00f3n, generando ataques directos hacia ella y otros ministros desde la tribuna de la conferencia matutina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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