La Casa Blanca soltó una carta más dramática que una telenovela mexicana de las ocho, avisando que no piensa dejarse extorsionar por las investigaciones que los demócratas planean desde el Congreso a partir de enero. El texto, firmado por el asesor jurídico Will Scharf, suena como si el Ejecutivo estuviera protegiendo su nevera de los vecinos entrometidos.
En la misiva dirigida al próximo presidente de la Comisión de Supervisión, Robert Garcia, el Gobierno advierte que cualquier intento de intimidar a funcionarios con procedimientos raros podría considerarse un delito tan flagrante como robarle el asiento al conductor del autobús. La idea es clara: nada de jueguecitos sucios ni de venganzas baratas disfrazadas de supervisión legal.
Del lado demócrata prometen una fiscalización enérgica, aunque Hakeem Jeffries ya aclaró que no habrá cacería contra Trump y que prefieren centrarse en resolver problemas reales de la gente, como quien elige arreglar la tubería antes que romper el inodoro solo por despecho. La responsabilidad, según ellos, consiste en seguir los hechos, aplicar la ley y aceptar las consecuencias aunque duelan más que una pedrada en el pie.
En resumen, parece que la próxima temporada en Washington será de gritos, amenazas y alguna que otra pataleta adulta, todo envuelto en papel constitucional para que no se note el olor a circo.
