La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma que permite a empresas privadas generar, transmitir y vender electricidad en Venezuela. El cambio llega después de años de facturas que subieron hasta setecientas veces mientras los apagones seguían igual de frecuentes. Ahora las tarifas se calcularán con el tipo de cambio más alto del Banco Central, es decir, el del euro, aunque nadie sabe todavía cuánto costará el servicio.
Los subsidios seguirán existiendo para quienes no puedan pagar, pero se financiarán con lo que aporten las industrias y los comercios. Antes el Estado regalaba la luz durante décadas y llegó a gastar veinticinco mil millones de dólares anuales solo en subsidios. Hoy una finca arrocera paga cinco mil dólares al mes y un hotel puede destinar hasta el quince por ciento de sus costos solo en generar su propia electricidad.
La demanda nacional llegó a quince mil quinientos setenta y nueve megavatios mientras la producción apenas alcanzaba trece mil. Para arreglar el desastre se necesitan entre quince mil y cuarenta mil millones de dólares, y el Gobierno firmó acuerdos con General Electric para sumar siete mil cuatrocientos megavatios. Hasta ahora, sin embargo, la empresa no ha empezado las obras porque todavía espera el primer pago.
Las compañías privadas podrán firmar contratos directos con grandes consumidores, pero el Estado se queda con las hidroeléctricas principales y las redes de transmisión. Además, se creará una superintendencia que definirá las tarifas y supervisará todo. La idea es que el servicio deje de depender solo del presupuesto público y pase a financiarse con cobros reales.
Al final, los venezolanos seguirán pagando más por una luz que sigue fallando, pero ahora con la esperanza de que alguien invierta de verdad. Los subsidios ya no serán generales sino dirigidos, y las empresas privadas entrarán solo si ven que pueden recuperar su plata. Mientras tanto, los apagones siguen siendo el único servicio que nunca falla.
