Agentes de la Fiscalía y la Policía irrumpieron en la mansión del ex presidente Santiago Peña en San Bernardino con la expectativa de encontrar un tesoro digno de película de ladrones. En cambio, descubrieron una habitación de pánico que parecía salida de un chiste malo: sin dinero, sin joyas y sin nada que valiera la pena salvo el susto de quien la usara.
Los investigadores pasaron dos días forcejeando con puertas blindadas y mecanismos dignos de una película de espías barata. Al final, la fiscal Silvia González reveló que Peña, por medio de su abogado, entregó la llave como quien presta el control remoto para que no lo sigan molestando. “Él colaboró”, dijo la fiscal, mientras los uniformados revisaban el lugar con cara de haber perdido la lotería.
La mansión quedó en manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados, y los militares que vigilaban el terreno fueron reemplazados por burócratas que ahora deciden si convertirla en oficina o en museo del mal gusto. La construcción costó 7.700 millones de guaraníes, financiados con préstamos del Ueno Bank que obligaban a pagar 239 millones mensuales, casi seis veces el sueldo presidencial. Un cálculo que solo cuadra si uno imagina que el expresidente cobraba en billetes de Monopoly.
La investigación sigue su curso, con computadoras incautadas y allanamientos en otras propiedades. Mientras tanto, la bóveda secreta pasó de parecer guarida de villano a simple refugio contra tormentas, dejando a todos con la misma sensación que produce abrir la heladera con hambre y encontrar solo mayonesa vencida.
