Amnistía Internacional exigió que los gobiernos de El Salvador y Haití saquen a la luz el contrato secreto que justifica mandar miles de militares salvadoreños a perseguir pandillas haitianas, como si fueran a un picnic armado. Según la organización, las operaciones deben respetar los derechos humanos, algo que suena tan realista como pedirle a un gato que no cace ratones.
El presidente Nayib Bukele despachó las tropas tras el secuestro de cuatro soldados ocurrido el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe. Los militares desaparecieron cuando un vehículo blindado fue atacado mientras regresaban a su base, en un operativo que parecía sacado de una película de acción mal actuada. Antes del incidente, El Salvador solo tenía unos doscientos efectivos en la misión.
Los críticos señalan que el despliegue huele a opacidad y que el objetivo real podría no limitarse a rescatar a los cuatro desaparecidos. Bukele, por su parte, ha mantenido un silencio tan elocuente como un político en campaña electoral, dejando que las especulaciones crezcan como hongos después de la lluvia.
Analistas locales comparan la misión con enviar un ejército entero a buscar las llaves del carro en el vecindario equivocado, mientras Amnistía recuerda que los derechos humanos no son opcionales ni siquiera cuando se trata de cazar pandilleros al otro lado del mar.
