La jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa decidió que el mejor plan del lunes era convertir documentos en tiras finas como si estuviera preparando serpentina para un carnaval que nadie pidió. Los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta llegaron justo cuando ella intentaba borrar del mapa correos de gente importante del Grupo Vázquez, todo impreso esa misma mañana como si el horario de oficina fuera también horario de destrucción masiva.
En el basurero encontraron hojas recién rasgadas, todavía calientes del escándalo. Andrea terminó imputada por frustración de la ejecución penal, que en buen paraguayo significa “no dejes que te agarren con las manos en la masa”. Mientras tanto, en las casas de Santiago Peña y Carlos Carvallo los fiscales también entraron como suegra enojada revisando el ropero del yerno.
Peña ya está preso después de un juicio político exprés que le quitó hasta el escaño vitalicio. Carvallo se entregó un día después. Ambos acusados de usar plata pública como si fuera la cuenta del asado de fin de mes: 800 millones de dólares de organismos estatales y jubilados metidos en un banco que prestaba a sus propias empresas. Treinta y dos mil jubilados del IPS ahora miran el cielo preguntándose dónde quedó la plata de su aguinaldo.
La investigación ya cruzó fronteras. Piden ayuda a Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para encontrar bienes, porque en Paraguay ya embargaron más de 70 millones. Hay 37 empresas y 35 personas en la mira, y la fiscalía promete que esto recién empieza. Mientras tanto, una bóveda de alta seguridad en San Bernardino sigue cerrada como si guardara el secreto de la receta del tereré perfecto.
Todo apunta a que los ahorristas quieren recuperar hasta el último guaraní. El resto, por ahora, es puro papel picado.
