El gobierno colombiano anda en pláticas secretas con el FMI para conseguir unos quince mil millones de dólares en un acuerdo de derecho de giro. La idea es estabilizar unas finanzas que parecen un colchón viejo lleno de parches y promesas rotas. Nadie ha firmado nada todavía y las fuentes prefieren callar como quien esconde la cuenta del bar.
El ministro Miguel Gómez ha dicho que la situación actual es la peor de la historia del país. El déficit podría llegar al nueve coma cuatro por ciento del producto interior bruto en dos mil veintisiete si no se hace nada. Por eso enviaron al congreso un paquete de recortes de gasto y subidas de impuestos que promete reducir el hueco en dos puntos porcentuales.
El partido Centro Democrático, aliado del gobierno, acepta que hay que ajustar pero rechaza algunas de las subidas de impuestos propuestas. Prefieren más tijeretazos al gasto y menos toques al bolsillo de la gente. Mientras tanto el FMI ve el plan con buenos ojos aunque advierte que la trayectoria fiscal actual no se sostiene ni con pegamento industrial.
A diferencia del crédito flexible que cancelaron el año pasado, este nuevo acuerdo se usaría de verdad y no solo como seguro de precaución. El acceso normal podría llegar hasta el seiscientos por ciento de la cuota del país, pero el gobierno asegura que no pedirá nada excepcional. Todo apunta a un préstamo estándar que habrá que devolver entre tres y cinco años después.
Si el congreso aprueba el paquete el país evitará un descalabro mayor, aunque los debates prometen ser más largos que una telenovela de los noventa. Al final el FMI se queda con el rol de prestamista serio y Colombia con la tarea de ordenar las cuentas antes de que el contador llame otra vez.
