Sonaron las alarmas del fin del mundo este 19 de octubre, cuando la senadora Lilly Téllez, con su infalible detector de conspiraciones, aseguró que Morena planeaba un “predialazo” masivo. La evidencia: un Programa General de Ordenación, un documento tan emocionante como el manual de una licuadora, que ella interpretó como el heraldo del apocalipsis fiscal.
Armada con un video y la convicción de un profeta de banqueta, Téllez denunció una “ley tramposa” que, según su lectura, inflaría los valores catastrales hasta el infinito. Aseguró que el plan maestro, atribuido a Claudia Sheinbaum, buscaba exprimir a los capitalinos y obligarlos a vender sus propiedades, transformando modestos pagos de mil pesos en dramas de dos mil. Un cataclismo financiero basado en un documento no vinculante.
Mientras tanto, en el mundo real, Citlalli Hernández de Morena sacó el pizarrón para explicarle a la senadora la diferencia entre un plan de ordenamiento y una ley. Básicamente, es como confundir una lista de buenos propósitos de Año Nuevo con una sentencia judicial. Le pidió discutir con responsabilidad, lo que en política equivale a pedirle a un gato que no tire cosas de la mesa. El silencio burocrático fue la respuesta.
Para rematar la cátedra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no solo negó el aumento, sino que anunció que en 2027 eliminará multas y recargos. Así, mientras unos veían cobros apocalípticos en papeles de planeación, el gobierno estaba ocupado perdonando deudas. El temido “predialazo” terminó siendo una alucinación de temporada, archivada junto al chupacabras y los políticos que leen documentos completos.
