En una sesión más larga que la boda de un primo, la Cámara de Diputados aprobó el plan fiscal 2027 de Claudia Sheinbaum. El platillo principal: una reforma a la Ley del ISR diseñada para que los trucos fiscales de grandes empresas pasen a la historia, junto al Tamagotchi.
La reforma, aprobada el 14 de octubre con un contundente 322 a 115, desató un mar de lágrimas en la oposición. Figuras como Jericó Abramo Masso y Julia Licet Jiménez Angulo defendieron con fervor el sagrado derecho de empresas con ingresos mayores a 50 millones de pesos a… deducir más. Argumentaron que sin esos truquitos, la inversión se detendría, como si el motor del progreso funcionara con facturas fantasma y no con innovación. El drama fue digno de una telenovela vespertina, con la diferencia de que aquí los pobres eran los conglomerados.
Mientras unos lloraban por los millonarios, el dictamen se enfocaba en cazar factureras —esas creativas agencias de ficción contable— y eliminar regímenes opcionales que ya habían caducado. Pero no todo fue apretar: para los productores del campo y la pesca, el ingreso exento sube de 900 mil a un millón de pesos, y el límite del RESICO se estira de 3.5 a 5 millones. Básicamente, es como quitarle el postre extra al glotón de la mesa para dárselo a quien sembró la fruta. Una lógica tan simple que hasta un niño podría entenderla.
La reforma ahora pasa al Senado, mientras en San Lázaro algunos todavía buscan pañuelos para consolar a los conglomerados. El gobierno, por su parte, se enfoca en estímulos para el Istmo y Yucatán, demostrando que prefiere construir polos de desarrollo que escuchar polos opuestos sin sentido.
