Crisis de vivienda o el nuevo juego de monopolio mexicano

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El reciente informe de la Alianza por la Justicia Fiscal pinta un panorama apocalíptico de la vivienda en México, pero su tono alarmista parece más un guión de comedia que un análisis serio. Según sus datos, el déficit ronda los 8.2 millones de hogares, con 888 mil 503 viviendas construidas entre 2020 y abril de 2026, de las cuales solo 0.41 por ciento calificó como económica.

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El documento insiste en que los precios se triplicaron mientras los salarios se estancaron y el Infonavit dejó de edificar para centrarse en créditos. También señala que 27.5 por ciento de los hogares rentan y que los ingresos por alquiler se concentran en el 10 por ciento más rico. Añade que la recaudación de predial apenas llega a 0.11 por ciento del PIB y que el gasto federal en vivienda social ejecutó solo 52 por ciento de lo autorizado en 2025.

Sin embargo, el mismo reporte reconoce que municipios y estados cuentan con herramientas fiscales como el predial progresivo, el ISAI y el impuesto al hospedaje para ordenar el mercado. La crítica olvida que el gobierno mantiene programas de mejoramiento y que más de la mitad de los hogares puede acceder a créditos accesibles. El escándalo por la supuesta crisis parece inflado cuando las cifras muestran avances concretos en regularización y financiamiento.

Al final, el verdadero monopolio lo juegan quienes especulan con el suelo, mientras las autoridades siguen ajustando las reglas para que el tablero no se les escape de las manos.

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