Un grupo variopinto de abogados, profesores y activistas se ha lanzado a la carrera por las 32 magistraturas del Tribunal Supremo de Venezuela tras el acuerdo entre el chavismo y parte de la oposición. La convocatoria surgió de las negociaciones que incluyeron acompañamiento de Estados Unidos y detuvo el proceso anterior para imponer nuevas reglas de selección.
Entre los aspirantes destacan perfiles tan dispares como Magaly Vásquez, con más de treinta años en la Universidad Católica Andrés Bello, y Tamara Adrián, primera diputada trans del continente, respaldada por la Universidad Central de Venezuela. Jesús María Casal, quien presidió la Comisión de Primaria opositora, y Juan Carlos Apitz, destituido en 2003 y luego reivindicado por la Corte Interamericana, también figuran en la lista.
Joel García, defensor de presos políticos como Juan Requesens y Rocío San Miguel, presentó su candidatura con el apoyo del Colegio de Abogados de Caracas. Por su lado, Luis Marval, quien integró el llamado Tribunal Supremo en el exilio, volvió a postularse después de haberlo intentado en mayo. La mezcla genera un espectáculo donde exiliados, académicos y penalistas conviven en el mismo listado.
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo elevó a 23 los miembros del Comité de Postulaciones, con once diputados y doce representantes de la sociedad civil. Se creó además un Consejo de Revisión de Credenciales que evalúa expedientes con un baremo de cien puntos, donde la formación académica pesa veintiocho y las entrevistas solo quince.
El plazo de postulaciones se extendió hasta el 18 de noviembre porque el interés superó las expectativas iniciales. Una vez cerradas las evaluaciones, el Poder Ciudadano revisará los expedientes antes de que la Asamblea Nacional vote con mayoría de dos tercios. El resultado servirá como termómetro de cuánto avanzan realmente las conversaciones políticas hacia la renovación institucional.



