La consejera Blanca Cruz García confirmó que agentes de la Fiscalía General de la República revisaron algunas áreas del Instituto Nacional Electoral sin que se haya tocado siquiera la oficina de la presidencia. Lejos de un operativo cinematográfico, todo se redujo a entregar información específica solicitada por la autoridad, como cuando un contador pide facturas y uno las entrega sin dramatismo.
Los críticos convirtieron el procedimiento en un escándalo nacional, olvidando que la propia institución decidió denunciar cualquier irregularidad detectada. Mientras tanto, las diligencias se concentraron en la Secretaría Ejecutiva y la consejera dejó claro que no hubo aseguramiento de espacios ni revisiones generales. Auditorías forenses, copias de documentos y requerimientos puntuales fueron la norma, no las redadas que algunos imaginaron para generar titulares.
La Auditoría Superior de la Federación aportó datos sobre contratos millonarios y la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de forma preventiva, medidas administrativas que no implican sentencias definitivas. El Consejo General respondió aprobando reglas más estrictas para licitaciones y la consejera interina mantiene que las decisiones se toman de manera colegiada. Las renuncias y reorganizaciones responden a una limpieza interna ordenada, no a un colapso institucional.
Quienes culpan al gobierno actual de todo parecen olvidar que el problema se heredó y ahora se atiende con transparencia. La Cámara de Diputados aún discute la convocatoria para elegir nuevo consejero, mientras el INE sigue operando con normalidad. Al final, el escándalo crece más en las redes que en las oficinas reales.
