La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado la decisión de invalidar el acuerdo que declaraba las obras del Gobierno de López Obrador como asuntos de seguridad nacional. Con una votación de ocho a favor y tres en contra, el alto tribunal ha considerado que dicho decreto violaba el derecho de acceso a la información al blindar la divulgación de información relacionada con proyectos clave de la Administración actual, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Esta determinación respalda la impugnación realizada por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que intensifica el conflicto entre el presidente y el instituto en los últimos meses.
La votación realizada el día de hoy representa un nuevo golpe para el Gobierno de López Obrador. El máximo tribunal del país ha dejado sin efecto el acuerdo aprobado en noviembre de 2021, el cual declaraba de interés público y seguridad nacional las infraestructuras prioritarias a cargo del Ejecutivo, ya sean de carácter turístico, medioambiental, fronterizo, ferroviario, energético o aeroportuario. El proyecto presentado ante la SCJN, liderado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentaba que este acuerdo era inconstitucional debido a que su amplitud y ambigüedad obstaculizaban e inhibían el acceso a la información por parte de la ciudadanía en relación a las obras del Gobierno de México.
Ocho de los 11 miembros del pleno estuvieron de acuerdo con los argumentos de González Alcántara. El ministro Jorge Pardo Rebolledo votó a favor debido a que consideraba que el decreto no especificaba la duración de esta protección para las obras del presidente, mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán argumentó que el acuerdo afectaba las competencias del INAI.
Por su parte, los ministros Zaldívar, Esquivel y Ortiz han intentado defender que el decreto no vulneraba la función del instituto y que no implicaba la reserva total de información sobre los grandes proyectos. Sin embargo, Zaldívar enfatizó que la Corte no podía invalidar un acto basándose en escenarios hipotéticos y presumiendo mala fe, incompetencia o malicia por parte de las autoridades.
Estas posturas llevaron a una discusión con el ministro Javier Laynez, quien incluso calificó la posición de sus colegas como ingenua. Laynez señaló que las consecuencias inmediatas de esta declaración eran la reserva de información y la autorización para la adjudicación directa.
Esta decisión crea un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno de López Obrador y el poder judicial. Desde enero, la situación ha escalado de manera explosiva, con el presidente anunciando que ha dado instrucciones de no contestar llamadas provenientes de la Suprema Corte. Además, ha intensificado sus ataques hacia jueces, magistrados y ministros. Durante cuatro años, Zaldívar había actuado como mediador entre el presidente y el poder judicial, pero el nombramiento de la ministra Norma Piña en enero ha alterado la situación, generando ataques directos hacia ella y otros ministros desde la tribuna de la conferencia matutina.
