La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que busca invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Dicho proyecto se presentará el próximo lunes, donde se analizará si esta reforma violó el proceso legislativo de manera grave.
La impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, y se ha tramitado con el carácter de electoral. Los ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de aplazar la revisión del Plan B y primero resolver las impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, que han estado pendientes desde 2018.
La Consejería afirmó que el aplazamiento de la discusión y la resolución de las impugnaciones era para evitar la emisión de sentencias contradictorias que pudieran violentar los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
La SCJN tiene la obligación de resolver esta reforma antes de que inicie el periodo electoral federal, ya que se trata de un tema de dicha índole.
El Plan B busca limitar el uso de recursos públicos en los procesos electorales, así como combatir la violencia política y garantizar el acceso a la justicia electoral.
El proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán sostiene que la reforma presenta diversas irregularidades, como la omisión en la presentación de un estudio de impacto presupuestal, la falta de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como la falta de publicación de los dictámenes y las reservas presentadas en el proceso legislativo.
El Plan B fue aprobado por el Congreso de la Unión en octubre de 2022 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre del mismo año.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó que el proyecto del ministro Pérez Dayán carece de fundamentación y motivación y solicitó a la SCJN su rechazo.
La Consejería también argumentó que el Plan B no tiene ningún efecto para el proceso electoral en curso y que su aplicación sería para las elecciones intermedias de 2025, por lo que no hay prisa para su resolución.
Sin embargo, la SCJN consideró que el tema es de suma importancia y debe ser resuelto antes del inicio del periodo electoral federal.
La Ley de Comunicación Social, por su parte, ha sido objeto de impugnaciones por parte de diversas organizaciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, debido a que existieron vicios en el procedimiento legislativo. La SCJN aún no ha resuelto estas impugnaciones desde su expedición en 2018.
