El Gobierno Federal ha cuestionado fuertemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la filtración de una propuesta de sentencia realizada por el ministro Alberto Pérez Dayán con el fin de invalidar la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. El Gobierno ha afirmado que la SCJN actuó con irresponsabilidad al permitir esta «filtración», y ha exigido al máximo tribunal del país que inicie una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre el asunto.
Cabe recordar que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas fueron aprobadas en diciembre de 2022. La invalidación de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, propuesta por el ministro Pérez Dayán, podría tener un impacto significativo en la implementación de estas reformas.
En su comunicado, la Presidencia de la República ha destacado que los proyectos de sentencia contienen información reservada en conformidad con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN. También ha preguntado quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal, y con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante.
La Presidencia también ha acusado a la SCJN de actuar de manera irresponsable, mucho más que transparente, ya que el procedimiento judicial está en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno. Además, ha afirmado que la filtración viola el Código de Ético del Poder Judicial de la Federación en materia de imparcialidad; a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; al Código Penal Federal e incluso a la Constitución.
La Presidencia ha resaltado que la SCJN no difundió el proyecto de sentencia de forma institucional, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación. Ha acusado que este acto «contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública».
De acuerdo con el documento expresado por Presidencia, el «capítulo sobre la imparcialidad, numeral 2.5 (Código de Ética del Poder Judicial de la Federación), prohíbe a los ministros o demás funcionarios judiciales divulgar cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, como lo establece la fracción IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación».
Además, destaca que «es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos». Por lo que también, de acuerdo con el comunicado, la publicación
