Una red de corrupción en Ucrania que operaba en el departamento regional de Odesa del Servicio Estatal para la Seguridad Alimentaria y Protección del Consumidor fue desmantelada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Esta red exigía «tributos» a las empresas que exportaban granos ucranianos a través del mar Negro, a cambio de garantizar la obtención de los registros fitosanitarios sin problemas. Los funcionarios amenazaban a los exportadores con retrasar los trámites si se negaban a pagar. El SBU documentó dos casos de sobornos que sumaban casi 10.800 dólares y determinó que la red cobraba 40 centavos de dólar por tonelada de productos agrícolas. Se ha iniciado una investigación para esclarecer todos los detalles del esquema.
El acuerdo de granos, firmado en julio de 2022 entre Rusia y Ucrania con la mediación de la ONU y Turquía para aliviar la crisis alimentaria mundial, permite que los envíos de granos y productos agrícolas ucranianos naveguen por un corredor seguro del mar Negro. A mediados de marzo, Moscú acordó extender el pacto por otros 60 días, hasta el 18 de mayo. Sin embargo, Rusia ha criticado duramente el acuerdo de granos por desviarse de los países más necesitados de África y Asia, como se estipula en el documento, y dirigirse principalmente a Europa. Además, Moscú acusa a Occidente de imponer trabas a las exportaciones de granos y fertilizantes rusos, y a la ONU de no cumplir con algunos de sus compromisos adquiridos en el pacto.
