El Gobierno de Rumanía ha anunciado que destinará 10 millones de euros adicionales para compensar a los granjeros que han sufrido pérdidas debido a la importación de granos ucranianos. La medida se produce después de que la Comisión Europea (CE) aprobara medidas relativas a la importación de ciertos cereales ucranianos, con el objetivo de eliminar las dificultades logísticas que surgieron en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía debido a esas importaciones.
Anteriormente, el país ya había recibido 10 millones de euros de la Unión Europea para estos fines. Además, el ministro de Agricultura, Petre Daea, ha comunicado que la CE está dispuesta a ofrecer al país unos 30 millones de euros más.
El primer ministro Nicolae Ciuca ha señalado que «la Comisión Europea propone transferir el segundo tramo de las compensaciones a los granjeros rumanos, que se estima en unos 30 millones de euros. Ese dinero llegaría como adición a los 10 millones de euros ya aprobados por la Comisión en el marco del paquete de la primera ayuda, al que el Gobierno de Rumanía añadirá sus 10 millones de euros».
Ciuca también ha destacado que Rumanía ha mantenido una posición correcta, evitando tomar una solución unilateral y acatando las normas y las reglas europeas, mientras vela por los intereses de los granjeros rumanos. En una carta a la Comisión Europea, el primer ministro subrayó la necesidad de que los granjeros rumanos reciban una compensación justa por las pérdidas sufridas debido a las importaciones de granos desde Ucrania.
Las medidas de la CE, que entraron en vigor el 2 de mayo y regirán hasta el 5 de junio de 2023, buscan garantizar que la importación de cereales ucranianos no cause dificultades logísticas en los países vecinos. La importación de cereales desde Ucrania ha sido objeto de controversia en la región, con algunos países preocupados por la calidad y la seguridad de los productos importados.
En este contexto, el Gobierno de Rumanía ha optado por ofrecer apoyo financiero a los granjeros del país para compensar sus pérdidas. La asignación adicional de 10 millones de euros para estos fines muestra el compromiso del Gobierno rumano con el sector agrícola y su voluntad de proteger los intereses de los granjeros del país.
